Octubre 2017

Contribuidores

Este comunicado es en gran medida deudor del trabajo desarrollado por la campaña global para desmantelar el poder de las corporaciones transnacionales, de la que Attac es miembro, así como de AITEC, Amigos de la Tierra, etc., que igualmente trabajan en este tema.

Autores

Maxime Combes, Laurence Boubet, Alexis Chaussalet

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 Nota de Attac Francia sobre l tratado vinculante – ES

Movilicémonos por un tratado que termine con la impunidad de las corporaciones transnacionales

 

Introducción

 

Bhopal, Texaco, Erika, AZF, Rana Plaza… son numerosos los nombres de corporaciones y emplazamientos industriales que evocan tanto las catástrofes de su impacto humano, social y ecológico como la dificultad para las víctimas de acceder a la justicia y hacer valer sus derechos. Sin embargo, puede ser que al fin estemos en vías de elaborar un derecho internacional que permita condenar más fácilmente las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos por las corporaciones transnacionales.  De hecho, esto es lo que está en juego en las negociaciones que tienen lugar en el seno del Consejo de los derechos humanos de la ONU. Si el Foro Económico Mundial en Davos aún no se estremece, estas negociaciones sobre un futuro tratado internacional vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos generan una división drástica: la mayoría de los países del Sur, con el respaldo de las ONG, apoyan el tratado, mientras que los países de la OCDE hasta ahora se han opuesto firmemente, al igual que las empresas transnacionales. Después de varias décadas basadas en la firma de tratados internacionales sobre el comercio y la inversión que conceden a los actores económicos y financieros internacionales poderes desproporcionados y una gran impunidad, he ahí la ocasión de hacer que los derechos de los pueblos, los derechos sociales y el derecho del medio ambiente prevalezcan por fin por encima del derecho comercial y de la inversión, y por encima de los intereses de las transnacionales.

 

Una batalla que llevará años

 

Por iniciativa de Ecuador y de África del Sur, el Consejo de los derechos del Hombre (CDH) de la ONU adoptó, en junio de 2014, una resolución dirigida a elaborar un instrumento internacional vinculante hacia las violaciones de los derechos humanos por las corporaciones transnacionales. Adoptada por 20 votos contra 14, de los cuales Francia, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos, esta resolución creó exactamente un grupo intergubernamental de trabajo (GIGT) cuyo mandato es establecer un marco jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y brindar protección, acceso a la justicia y recursos adecuados a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

 

El GIGT se reunió en julio de 2015 y octubre de 2016 para dos primeras rondas de negociaciones. La primera ronda de discusiones permitió a expertos y representantes de la sociedad civil hacer un diagnóstico ante los representantes de los Estados con el fin de tener unos primeros intercambios sobre el campo de aplicación, los derechos en cuestión, los mecanismos de aplicación, y también la articulación junto la ley de inversión, consagrada en los tratados internacionales. Después de asegurarse de que los miembros de la UE votaran en contra de la resolución, la misión insistente de la UE en Ginebra fue esforzarse en frenar las negociaciones a partir del establecimiento de condiciones a su participación o directamente el abandono de la sala de negociaciones para así mostrar su poca consideración.

 

Es solo en octubre de 2017 que el GIGT debe entrar en el meollo del asunto, con un examen de un primer borrador del Tratado preparado por Ecuador. Este es un paso decisivo que ayudará a definir el posible contorno de un eventual tratado internacional: el texto redactado por Ecuador reúne una serie de elementos que forman “una base para las negociaciones sobre el fondo”. El desafío en esta reunión en Ginebra es garantizar que este marco de trabajo pueda continuar sobre estas bases (1)

 

El documento de trabajo comprende múltiples partes:

  • un marco general compuesto de un preámbulo, con una serie de principios, que especifican los objetivos de tal Tratado;
  • un campo de aplicación que permita precisar cuáles son los derechos a proteger, los actores sujetos a la aplicación del dicho tratado;
  • las obligaciones que los diferentes actores (Estados, compañías transnacionales, organizaciones internacionales, etc.) deberán satisfacer;
  • las medidas de prevención previstas para mejorar la situación actual;
  • la responsabilidad jurídica de las diferentes partes;
  • la manera por la cual será posible acceder a la justicia, mediante recursos eficaces y apropiados;
  • las jurisdicciones concernidas;
  • un cierto número de mecanismos de aplicación, de promoción y de seguimiento del tratado, así como de disposiciones generales.

 

Muchos comentaristas críticos aseguran que un derecho internacional vinculante será muy complejo de aplicar o básicamente inaplicable. Un argumento que a menudo se acompaña de aquello consistente en decir que las reglas nacionales unilaterales son ineficaces e inapropiadas ya qué las multinacionales son por esencia actores económicos internacionales. Estos son los argumentos clásicos de aquellos que quieren liquidar el asunto y que prefieren establecer la impotencia política y el estatus quo por encima de uno de los grandes desafíos del siglo XXI: promover un derecho que proteja los derechos humanos, el medio ambiente y los bienes comunes, y que fuerce las multinacionales a conformarse bajo sus exigencias.

 

La promulgación de la ley francesa sobre el deber de vigilancia y la apertura de las negociaciones a nivel internacional eliminan estos dos argumentos infundados. No debemos negar lo complejo del asunto pero en realidad los países del norte, donde reside la matriz del 85% de las transnacionales, son los que más se oponen a la redacción de un documento vinculante a nivel internacional. Mientras que Estados Unidos, Australia y Canadá no participan, la Unión Europea aplaza. En el futuro Francia y la Unión Europea se unirán a este proceso histórico sin bloquear ni limitar su alcance.

 

Dadas la reticencia y la oposición manifestadas por los estados más poderosos del planeta, nos encontramos ante una batalla abierta a largo plazo en el seno del CDH. Pase lo que pase, la cuestión está sobre la mesa: ¿Cuáles son los procedimientos y las normas de obligado cumplimiento que permitirían limitar los derechos y controlar las actividades económicas, sociales, medioambientales y financieras de multinacionales e inversores?


 

En los últimos cuarenta años la soft law ha triunfado sobre el derecho vinculante

 

Estas nuevas negociaciones llegan después de decenas de discusiones y tentativas infructuosas. En los años 70, bajo la triple influencia de los países del sur que eran mayores en número, los países comunistas y las centrales sindicales internacionales, la reflexión sobre la responsabilidad social de las empresas transnacionales emerge progresivamente en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la ONU. En 1971 la OIT adopta una resolución sobre “la protección de los trabajadores en la empresa” y organiza varios encuentros internacionales sobre el tema en el seno de las empresas transnacionales. Este trabajo culmina en 1977 con una declaración de principios tripartita sobre las empresas transnacionales y la política social.

 

Paralelamente crece la crítica hacia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que por su composición y funcionamiento es muy permeable a los intereses de las transnacionales. En 1974 crea en su seno un centro de información e investigación sobre las empresas transnacionales y en 1976 se redactan y adoptan los principios rectores de la OCDE. Así mismo, desarrolla doctrina orientada a privilegiar el compromiso voluntario de las empresas sobre el cumplimiento de normas obligatorias. Debido a la presencia de representantes de empresas en el seno de la OIT, la política de la OCDE parece haber influenciado y suavizado el contenido de la declaración adoptada más tarde por la OIT. En ella se reconoce la responsabilidad social de las empresas (RSE) especialmente en materia de empleo pero el compromiso voluntario prevalece a la regulación vinculante.

 

Entre 1980 y 1990 se mantiene esta orientación. Nacida en 1974 en el marco del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, por causa de Estados Unidos y los países de la OCDE, la Comisión de Naciones Unidas sobre las Transnacionales era incapaz en 1994 de no convertirse en la simple división del trabajo en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED). Esta decisión muestra la falta de voluntad de la ONU de establecer un control sobre las empresas transnacionales anteponiendo las medidas voluntarias no obligatorias mientras reconoce “su contribución al crecimiento y al desarrollo”. Desde entonces nunca se ha planteado en la ONU la regulación de las empresas transnacionales.

 

La década que abrió la cumbre de la Tierra de Río en 1992 tuvo una participación más sistemática e intensiva de las empresas transnacionales en las instancias internacionales, incluidos los procesos de las Naciones Unidas. El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, que tiene más de 200 miembros transnacionales, se ha convertido en uno de los grandes actores de todas las negociaciones internacionales. Además Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas (1997-2006) lanzó el Pacto Mundial el 26 de julio de 2000 tras haberlo mencionado en el Foro de Davos en enero de 1999. Estableciendo una lista de diez principios no obligatorios, el Pacto Mundial invita a las empresas transnacionales a comprometerse con la vía del desarrollo sostenible.

 

Dado el papel creciente de las empresas transnacionales y la retirada de los Estados de las negociaciones económicas, el Pacto Mundial ha sido utilizado para justificar que no hay necesidad de normativa. La Subcomisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas intentó desarrollar un tratado que los estados se apresuraron a rechazar en 2004 través de la Comisión de Derechos Humanos (la antigua CDH).

 

En junio de 2005 John Ruggie, un universitario conocido por haber participado en el desarrollo del Pacto Mundial, es nombrado por el Consejo de Derechos Humanos “Representante Especial del Secretario General de la ONU para los Derechos Humanos, las empresas transnacionales y otras empresas”. Su trabajo culmina en junio de 2011 con la adopción unánime por el Comité de Derechos Humanos de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Presentados como un puente entre las legislaciones nacionales y el carácter internacional de las empresas transnacionales, estos principios de la ONU no son vinculantes. Son compromisos voluntarios y poco ambiciosos. Giran en torno al papel central del estado como protector de los derechos humanos frente a las empresas y no implementan un marco legal internacional ante el cual las víctimas pueden hacer valer sus derechos.

 

Por otra parte, en 2011 la OCDE actualizó cinco de sus principios rectores. Sin embargo nunca ha revisado sus planteamientos, limitándose a hacer recomendaciones no obligatorias en materia de “responsabilidad social de las empresas” relativas al trabajo, a los derechos humanos, al medio ambiente, a la protección de los consumidores, etc. Desde 2011 cada país miembro de la OCDE tiene un Punto Nacional de Contacto (PNC) con la doble función de promocionar estos principios y mediar cuando exista un conflicto. El PNC no es un órgano jurisdiccional ya que no puede imponer sus recomendaciones y los resultados se consideran no concluyentes.

 

Al tratarse solo de principios voluntarios y limitados, las instituciones internacionales han ampliado el campo del soft law en detrimento de un enfoque jurídicamente vinculante. Aunque numerosos, estos instrumentos no cuentan con mecanismos independientes de control y sanción. La documentación sobre el terreno a lo largo de los años muestra que no lo hacen. No frenan las violaciones de los derechos humanos, de los derechos laborales y de las normas medioambientales. Ni tampoco sancionan cuando estos hechos son probados. Incapaces de hacer justicia, los actuales mecanismos internacionales no son suficientes para eliminar la persistente desigualdad entre empresas y poblaciones. La apertura de negociaciones sobre un tratado vinculante es en parte la respuesta a los límites de los sistemas de compromiso voluntario no obligatorio.

 

Las empresas transnacionales son demasiado poderosas para no estar reguladas

 

Además de liberalizar el acceso a los mercados interiores, los acuerdos de la OMC, los acuerdos bilaterales o regionales para liberalizar el comercio (ALC) y la inversión (TBI) así como la evolución de la legislación nacional, han otorgado a las empresas transnacionales y en general a todas las empresas privadas, derechos y posibilidades de expansión de sus actividades y esferas de influencia. Hay más de 3400 instrumentos y acuerdos internacionales que no les imponen ninguna obligación pero que crean marcos legales para proteger unilateralmente sus actividades, incluyendo el derecho a demandar a los gobiernos por la pérdida real o supuesta de ganancias o el derecho a exigir cambios en la legislación ambiental, pero que no les imponen ninguna obligación.

 

Bajo la influencia de la autonomía de los mercados internacionales, el poder decreciente de los estados deja paso al poder creciente de las transnacionales que se han hecho económica y políticamente más fuertes. Ahora son actores importantes de las relaciones Internacionales. La concentración acelerada de capital a través de los procesos de fusiones y adquisiciones y el amplio acceso a liquidez financiera, ha hecho nacer gigantes mundiales poderosos y bien organizados. Gracias a la aparición de las nuevas tecnologías y a la financiarización creciente del capitalismo, las transnacionales dominan el derecho mercantil internacional. Los mercados internacionales son espacios que escapan, en parte, a la jurisdicción de los estados. Hemos pasado de una economía global estructurada por las economías nacionales a una economía global basada cada vez más en redes transnacionales.

 

La división internacional del trabajo ha intensificado la concentración de transacciones entre algunas grandes transnacionales. Casi el 30% del comercio mundial se lleva a cabo entre filiales de empresas transnacionales y dos tercios del comercio internacional corresponden al intercambio de bienes intermedios, no productos acabados. Estos agentes principales del comercio internacional controlan las cadenas de valor mundiales: según el informe de la UNCTAD de 2010, 82.000 empresas transnacionales controlaban 810.000 empresas. Hoy en día se considera que de las cien economías más poderosas del mundo, más del 50% son transnacionales, mientras que el control de las importaciones y exportaciones está en manos de un puñado de empresas. Apenas 737 bancos, compañías de seguros o grandes grupos industriales controlan el 80% de la valoración bursátil de las transnacionales del planeta.

 

Dominada por las corporaciones transnacionales y los intereses financieros, la economía global se ha convertido en un campo de batalla tanto para las empresas como para los estados donde prevalece la conquista de los mercados. A merced de las decisiones de los actores económicos y los mercados internacionales interconectados, los estados se han transformado en VRP de sus transnacionales: abren sus mercados, aumentan la protección de los inversores y promueven los intereses de sus empresas, no porque ello mejore la situación de las personas, sino porque creen o al menos así lo afirman, que las ganancias de sus compañías transnacionales traerán prosperidad y crecimiento.

 

Diversos estudios del Banco Mundial y de UNCTAD muestran que la protección de los inversores es un elemento menos decisivo para atraer la inversión que el desarrollo de infraestructura, la importancia del mercado interior o el dinamismo del sector productivo local. Sin embargo, los estados compiten para que sus compañías aumenten las inversiones y ganen nuevos mercados. Las autoridades locales se muestran dispuestas a casi todo con tal de ofrecer a las empresas transnacionales y a los inversores directos un “entorno atractivo” que con frecuencia incluye la reducción de medidas de protección del trabajo y del medio ambiente. Independientemente de consideraciones de equidad y sostenibilidad ecológica, un buen número de economistas y gobiernos consideran la competitividad y el acceso al mercado internacional como las dos palancas de la creación de riqueza. Así pues, territorios, legislaciones y poblaciones compiten entre sí a nivel internacional.

 

El desequilibrio entre empresas y poblaciones es significativo. Los ordenamientos jurídicos nacionales son incapaces de proporcionar a las poblaciones instrumentos y mecanismos legales para hacer valer sus derechos frente a casos de delitos o violaciones. Un buen número de países, sobre todo pobres, han adaptado su legislación nacional con el objetivo de atraer transnacionales o proteger “derechos de los inversores” a expensas de los derechos humanos fundamentales.

 

Este desequilibrio es fundamentalmente una “arquitectura de la impunidad” para inversores y transnacionales. No es raro que se den violaciones graves de derechos humanos, derechos sociales o derechos medioambientales sin que las poblaciones o incluso las autoridades locales encuentren la manera de responsabilizar a empresas e inversores implicados. Esta impunidad (relativa) no es fortuita. Convertidas en maestras del juego, las empresas transnacionales evolucionan en un marco regulador internacional que les va como un guante, bajo la protección de estados que despliegan para ellas la alfombra roja.

 

Por lo tanto es absolutamente necesario un instrumento legalmente vinculante, provisto de mecanismos sancionadores, para regular y controlar el impacto de la actividad de las corporaciones transnacionales sobre los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

 

Las empresas matrices están protegidas de las actuaciones de sus empresas subsidiarias y subcontratistas

 

La participación de Ecuador en el proceso de negociación de un tratado vinculante no sorprende. El escándalo Texaco, compañía petrolera estadounidense readquirida por Chevron en 2000, marcó profundamente al país. Entre 1964 y 1990 la multinacional vertió deliberadamente en los ríos de la selva millones de toneladas de desechos tóxicos asociados a la perforación y explotación del petróleo en la Amazonia Ecuatoriana. Se retiró de los terrenos explotados sin haber limpiado y fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar una indemnización de 9.5 millares de dólares por daños y perjuicios. Chevron se negó a compensar a las víctimas e incluso las ha procesado por “extorsión”. Las decisiones de los órganos jurisdiccionales nacionales se descartan, no se ejecutan o son directamente rechazadas por las empresas transnacionales.

 

Las empresas transnacionales gozan de gran impunidad. El caso Chevron no es aislado. Desde la catástrofe de Bhopal (al menos 20.000 muertos) a la del Rana Plaza (1135 muertos), muchos son los accidentes industriales por los que es difícil conseguir que se condene a las empresas y se indemnice a las víctimas. El colapso del Rana Plaza puso de manifiesto la urgencia de hacer evolucionar los instrumentos de regulación de las transnacionales. Carrefour, Auchan y Camaïeu, además de muchos otros, están involucrados en este caso en el que los trabajadores ni siquiera tenían derecho a negarse a trabajar en un edificio peligroso. Sin embargo las empresas francesas no tendrán que compensar a las familias de las víctimas.

 

Muchos casos documentados muestran que lo que está en juego no se limita a unos pocos desastres muy mediatizados o unas empresas marginales. La «empresa francesas» está involucrada. Incluida cada año en listas negras por sus prácticas de optimización fiscal, no se incomoda a Total por los impactos medio ambientales de sus actividades petroleras, particularmente en Nigeria. Y cuando se le persigue, el proceso es especialmente largo: tomó más de 13 años de procedimiento para que le cayera una sentencia por el desastre del Erika.

 

Alstom está acusada de corrupción en Brasil y está involucrado en la construcción, junto a EDF y GDF, de grandes presas en el Amazonas que devastan regiones enteras y violan los derechos de la población. En India, es Veolia quien está acusada de aprovechar contratos de gestión del agua que son muy desfavorables para la población, mientras que los proyectos de Areva son impugnados violentamente por la población local. Por parte de Carrefour, la cual admite que no lleva a cabo controles hasta el final de sus cadenas de suministro, sus subcontratistas están acusados de recurrir al trabajo esclavo en Tailandia.

 

Todos estos ejemplos ilustran el hecho que los estándares voluntarios y los compromisos no vinculantes no pueden dar una respuesta suficiente de prevención a los atentados de los derechos humanos y al medio ambiente y que es necesaria una supervisión por ley. Cuando una multinacional como Total suma 900 filiales, no ser capaz de caracterizar la responsabilidad legal de la empresa matriz – o del ordenante – es un problema grave.

 

Esta es una disfuncionalidad a gran escala del derecho, que se muestra incapaz de proteger y hacer prevaler los derechos de las victimas mientras que, al mismo tiempo, este mismo derecho está dotado de instrumentos legales que lo hacen extremadamente eficaz para que las multinacionales puedan defender sus beneficios y sus intereses. Mientras que las poblaciones concernidas difícilmente encuentran un sistema judicial donde puedan defenderse y reivindicar sus derechos, los actores económicos transnacionales disponen de una arquitectura judicial muy eficaz para protegerse, también de las reivindicaciones de los movimientos ciudadanos.

 

Aprovechándose a la vez de las debilidades de los marcos legislativos de algunos países así como de sus numerosas filiales y múltiples subcontratistas, las multinacionales juegan con los vacíos jurídicos existentes para escapar de sus responsabilidades. Detrás la complejidad de sus cadenas de aprovisionamientos y la multiplicación de las estructuras jurídicas se construye aquello llamado «velo de autonomía de la persona jurídica»: la sociedad matriz o la compañía que da las órdenes se previene de responsabilizarse de los actos cometidos por sus filiales o subcontratas.

 

Si bien los beneficios pueden escalar de las filiales a la sociedad matriz, o las sociedades matrices pueden aprovecharse de aquellas subcontratadas que ahorran en la normativa social o medio ambiental, todo funciona como si la responsabilidad jurídica no pudiera utilizar los mismos caminos y se encontrará con una frontera infranqueable entre las diferentes filiales y la sociedad matriz. Aunque los vínculos económicos se establecen entre las filiales de la misma empresa, este «velo» limita la responsabilidad de la empresa matriz o del cliente a una parte muy limitada de la cadena global de valor.

 

Según el principio de jerarquía de las normas del derecho internacional, la Carta internacional de los derechos del Hombre de las Naciones Unidas debería primar por encima del derecho comercial internacional. De hecho, es este último el que suplanta los derechos humanos simplemente porque es el único vinculante y capaz de emitir sanciones. La acumulación de TLC y TBI, así como la proliferación de normas, reglas y estándares elaborados en este contexto durante varias décadas, establecen una ley comercial que prevalece sobre el nivel nacional pero también sobre el derecho internacional de la ONU, marginada, de facto. Esta primacía consagra un consentimiento cuasi-generalizado de que las (de) regulaciones ya no son el fruto de deliberaciones democráticas.

 

La mundialización está acompañada estas últimas décadas del desarrollo de un «derecho global»,  es decir, un derecho que emana de indicadores, estándares, códigos de conducta y sobretodo de «usos, prácticas y costumbres del comercio transnacional», y no de procesos legislativos democráticos. Este derecho global tiene hoy la primacía efectiva sobre las leyes nacionales o el derecho internacional de la ONU, pasando a ser relativamente obsoletos delante la hiperactividad de la mundialización. Pero esta primacía no es neutra: consagra el lasseiz-faire y el consentimiento generalizado de los Estados al tipo de regulación que libra cada vez más del control democrático y que favorece a los actores económicos transnacionales, así como sus intereses financieros.

 

¿Qué contenido hay que dar a un acuerdo vinculante?

 

Lanzada el 2012, la Campaña mundial para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las multinacionales y poner fin a su impunidad es una red de 200 movimientos, redes, organizaciones y comunidades afectadas, unidas contra el acaparamiento de las tierras, el extractivismo, la explotación de los asalariados o la destrucción del medio ambiente de mano de las multinacionales. Apoyada por Attac Francia y muchos Attac en el mundo, esta campaña aspira a facilitar el intercambio de experiencias y estrategias,  actuando como un espacio de visibilidad de las resistencias y de profundización de la solidaridad en frente de la impunidad de las multinacionales.

 

Fruto de una experiencia de mucho años de trabajo de documentación y de movilización de solidaridad con las poblaciones afectadas, esta campaña internacional tiene como objetivo transmitir la fuerte demanda por una acción internacional de presencia sobre el terreno. Las organizaciones miembro de esta campaña parten de la idea según la cual las confrontaciones con el sector privado pueden conducir a transformaciones profundas si se acompañan de alternativas destinadas a enraizar una nueva visión del mundo, así como de batallas globales destinadas a cambiar las relaciones de fuerza, como en el caso de este Tratado Vinculante elaborado dentro del marco del CDH.

 

Es por ello que la llamada a la movilización de esta campaña internacional, lejos de limitarse a algunas demandas dentro de los procesos de negociación oficial,  se acompañan de la redacción de un Tratado de los Pueblos, destinado a construir un gran consenso sobre la urgencia y la necesidad de obtener obligaciones vinculantes trasladadas sobre las transnacionales y un mecanismo internacional para hacerlas respetar. Es dentro de este marco que seis proposiciones se han hecho públicas antes de las negociaciones de octubre de 2016, y que una primera versión de este Tratado de los Pueblos hay sido entregado a los negociadores durante las negociaciones de octubre de 2017.

 

Dado que el Tratado negociado en el seno del CDH tiene el objetivo poner límites a las actividades de las compañías, resulta lógico, como mínimo exigible, que éstas últimas no participen en la elaboración de dicho tratado, que debe preservarse de su influencia.

 

Son seis las exigencias principales de la campaña en la cual participa Attac France y otros Attac europeos, que podemos resumir aquí:

 

  1. Alcance del tratado internacional

 

Las compañías multinacionales no están reconocidas como personas jurídicas internacionales, calidad otorgada solo a los Estados y a organizaciones interestatales. Como tal, se considera a menudo que las primeras no puedan ser tenidas directamente como responsables de violaciones de los derechos humanos si no se encuentra implicada directamente la sociedad matriz. Solo los Estados, sujetos al derecho internacional, estarán cargados con esta responsabilidad bajo su propia jurisdicción y de hacer entonces que las filiales no violen los derechos humanos. Si son los Estados quienes deben negociar y ratificar el Tratado Internacional, las multinacionales, en tanto que personas jurídicas, deben ser responsables de sus acciones a lo largo de toda su cadena de aprovisionamiento y debe ser posible exigir que se abstengan de todo acto que vulnere los derechos humanos y que actúen para que el respeto de estos derechos este garantizado.

 

  1. Obligaciones extraterritoriales de los Estados

 

Para una protección efectiva de los derechos humanos, las empresas transnacionales no debe vulnerarlos ahí donde ejercen sus actividades. Los Estados de origen de las transnacionales han de, por obligación, respetar, proteger e implementar los derechos humanos. En este sentido, también tienen la obligación de implementar todo para obtener la reparación de las violaciones de los derechos humanos cometidos por las transnacionales en las jurisdicciones extranjeras. El futuro Tratado debe establecer claramente las obligaciones territoriales y extraterritoriales de los Estados en materia de derechos humanos, estos últimos para ser protegidos, ya sea dentro o fuera de los territorios nacionales.

La introducción de una forma de jurisdicción universal dentro del derecho nacional podría implicar la obligación de demandar, y si es necesario enjuiciar, a través de los tribunales nacionales por crímenes dentro del marco del derecho internacional: genocidio, crimen contra la humanidad, crímenes de guerra, piratería, esclavitud, desapariciones forzadas, tortura, tráfico de seres humanos, ejecuciones extrajudiciales y crimines de agresión. Y extenderlo a delitos económicos que dañan el medio ambiente y afectan seriamente los derechos humanos de las comunidades, o que implican la destrucción irreversible de los ecosistemas. Debido a esta integración dentro del derecho nacional, las compañías multinacionales deberán así ser responsables delante de la ley, ya sea por acción (incluyendo por complicidad, colaboración, ocultación, incitación directa o indirecta) o por omisión, bajo derecho penal o civil, para el conjunto de los crímenes nombrados antes.

 

  1. Un tribunal internacional

 

Mientras que las normas internacionales en materia de comercio e inversión protege los intereses de las compañías transnacionales y pueden conducir a la sanción de los Estados recalcitrantes, prevalece la ausencia de mecanismos internacionales de control e implementación en lo que respecta al respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente: los códigos de buena conducta son voluntarios sin que puedan ser la fuente de sanciones efectivas. Un tribunal internacional que una las compañías transnacionales y los derechos humanos completaría los dispositivos existentes y permitiría garantizar a las personas y comunidades afectadas el acceso a una instancia judicial internacional independiente con el fin de obtener justicia en caso de violaciones a sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medio ambientales.

 

Esta instancia estaría encargada de recibir, instruir y juzgar las denuncias depositadas contra las compañías transnacionales y las instituciones internacionales económico-financieras en caso de incumplimiento de sus obligaciones, por violaciones de los derechos humanos. Permitiría así hacer reconocer la responsabilidad civil y penal de estas entidades por los crímenes económicos, industriales y ecológicos internacionales. Este tribunal internacional podría ser dotado de funciones judiciales independientes a los Estados, además de estar a cargo de coordinar la respuesta más apropiada a las quejas y exigencias de las víctimas y poblaciones afectadas. Sus juicios y sanciones serían vinculantes y obligatorios.

 

  1. La responsabilidad solidaria y conjunta de las compañías transnacionales

 

El tratado de las Naciones Unidas debe exigir a los Estados que prevengan dentro de su legislación nacional el principio de la responsabilidad jurídica (civil y penal) tanto de las compañías transnacionales como de sus dirigentes. Debe elegirse el principio de la doble imputación, es decir, la responsabilidad solidaria de la persona jurídica y de las personas físicas que toman las decisiones. Por otro lado, hace falta aplicar el principio de la responsabilidad civil y penal a los crímenes y delitos cometidos íntegramente por las transnacionales y sus propios dirigentes/as, así como los crímenes y delitos cometidos por complicidad, colaboración, instigación, omisión, negligencia o ocultación. El tratado debe, de la misma manera, incluir normas claras sobre la responsabilidad compartida de las transnacionales y sus filiales (de jure o de facto) así como de su cadena de valor (filiales, proveedores, licenciatarios, subcontratistas, etc.).

 

La dilución de responsabilidades de la empresa matriz dentro de su cadena de valor, a través de la firma de contratos y acuerdos de subcontratación, y bajo la apariencia de personas jurídicas independientes, debe conducir a romper con la lógica de la externalización de las responsabilidades sociales, la legislación laboral y el medio ambiente. La solución pasa por la declaración de una responsabilidad solidaria, por acción o por omisión, de las compañías matriz respecto a las violaciones de derechos humanos a lo largo de toda su cadena de valor. En este sentido, se propone que todos los agentes económicos que extraen un beneficio de una actividad comercial deben ser responsables de las consecuencias que esta actividad entraña. Así, la víctima debe tener un derecho a la reparación y poder dirigirse a todos los responsables conjuntamente, o individualmente, o algunos de ellos.

 

  1. Primacía de los derechos humanos sobre las reglas de comercio e inversión

 

Las políticas económicas impuestas por el Fondo Monetario Mundial (FMI), Banco Mundial (BM), los bancos regionales y otras instituciones financieras (agencias de crédito a la exportación,…), al igual que la OMC y las múltiples TLC y TBI en vigor, establecen una asimetría en la regulación de la que deriva una arquitectura de legitimación e impunidad sobre las actividades de las transnacionales. La efectividad del Tratado dependerá de su estatus en relación a todas estas instituciones financieras y comerciales internacionales y sus reglas, que constituyen una rama vinculante y efectiva del derecho internacional.

 

Para que los derechos humanos sean por fin considerados como prioritarios, este tratado deberá explicitar todas las situaciones (protección del medio ambiente, de la sanidad pública, de la seguridad de la población, etc.) donde las reglas de comercio e inversiones y las acciones de las instituciones financieras deberán estar supeditadas y condicionadas a la defensa de los derechos humanos. La interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos deben primar sobre los otros tratados y marcos jurídicos. El tratado deberá por ejemplo poner fin al sistema actual de resolución de conflictos y a la privatización de la justicia existente en los tribunales de arbitraje para inversiones.

 

  1. Derechos de las personas afectadas

 

Cuando pensamos en un tratado de derechos humanos, es necesario pensar en las víctimas de las  empresas transnacionales y de los Estados, y su posición dentro de ese proceso. En la perspectiva de un tratado que pretenda regularlos, es necesario reconocer la autoridad moral y legítima de las poblaciones como actores clave en este tipo de situación y en el proceso de creación de reglas y regulaciones dirigidas a reforzar la primacía de los derechos humanos. También es necesario reconocer el papel histórico que estas comunidades afectadas han jugado en su resistencia permanente a las diferentes violaciones y crímenes que, además, siguen quedando mayormente impunes.

 

El principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos debe conducir a que el conjunto de los derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, protección del  medio ambiente, etc., estén cubiertos por el nuevo tratado. Al igual que los cinco grandes principios establecidos en el derecho internacional para luchar contra la impunidad de las  violaciones de los derechos humanos: el derecho a saber, el derecho a la justicia, el derecho a  la reparación, derecho a garantías de no reiteración de las violaciones y obligación de los Estados de tomar medidas efectivas para combatir la impunidad.

 

Debe asegurarse igualmente la protección de quienes quieren hacer valer sus derechos y de quienes están a cargo de defenderlos. También parece necesario invertir la carga de la  prueba para restablecer el equilibrio y permitir a la víctima reclamar sus derechos ante las jurisdicciones.  La gratuidad del procedimiento, la posibilidad de acciones colectivas (class actions), la celeridad de los procedimientos y la limitación de las soluciones transaccionales también deben ser principios que guíen la redacción del futuro Tratado.

 

En Francia, una ley sobre el deber de vigilancia

El 27 de marzo de 2017 fue promulgada la ley francesa sobre el  deber de vigilancia de las empresas matrices y de las empresas contratantes. Fruto de una larga batalla liderada principalmente por ONGs, asociaciones y sindicatos, esta ley es a la vez inédita e insuficiente. Inédita porque permite establecer hitos en la rendición de cuentas de las empresas transnacionales respecto de las prácticas de sus subsidiarias o subcontratistas a lo largo de su cadena de suministro. Requiere que los grandes grupos escriban, publiquen e implementen un plan de vigilancia para identificar y prevenir los riesgos de violaciones graves de los derechos  humanos y del medio ambiente.

 

Cualquier fallo en la implementación de este plan constituye una falta por la que la empresa matriz es susceptible de incurrir en responsabilidad ante un tribunal francés. Si el plan no prevé medidas suficientes para hacer frente a los riesgos anunciados, o si el plan no se implementa efectivamente, estas empresas pueden ser perseguidas, en particular por las organizaciones de la sociedad civil: el juez podrá apoyarse en este plan para evaluar si los daños probados (o posibles) son el resultado de un plan de vigilancia insuficiente, de mala calidad. La ley francesa permite abandonar el marco de la voluntariedad y la “soft law” ya que la responsabilidad de las multinacionales será encausada, por lo civil, si no es aceptable lo que sucede en el terreno, en sus subsidiarias o en sus subcontratistas.

 

La ley francesa sigue siendo insuficiente ya que solo se aplica a las grandes multinacionales, con al menos 5,000 empleados en Francia o 10,000 en el extranjero. Entre 120 y 140 grandes empresas francesas estarían concernidas. Varias empresas de sectores con riesgo, como la industria textil o el sector extractivo, escaparán a estas nuevas obligaciones legales. Insuficiente también porque la carga de la prueba siempre está en el víctimas o porque la acción legal presentada debe limitarse a denunciar las medidas de prevención tomadas por la multinacional y no puede denunciar el daño en sí mismo.

 

Recursos

 
   

En la página web de Attac Francia:

 

  • Informe “Líneas Attac” sobre las multinacionales, número de  junio de 2015 (en francés): https://france.attac.org/nos- publications/lignes-d-attac/article/multinationales
  • Hacia un tratado vinculante sobre las empresas transnacionales? (en francés) Maxime Combes, 6 de junio de 2017https:// attac.org/nos-idees/mettre-au-pas-la-finance-les-banques-et-les-transnationales/ article/vers-un-traite-contraignant-sur-les-transnationales
  • Entrevista de Brid Brennan y Gonzalo Berrón, coordinadores de la campaña internacional para desmantelar el poder de las multinacionales (en francés), 26 de junio de 2014, https://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/article/vers-la-fin-de-l-impunite-pour-les

 

 
   

Campaña internacional para acabar con la impunidad de las multinacionales

 

 
   

Alianza por el Tratado (reúne a 900 organizaciones)

 

Aliados franceses y otros

 
   

multinat/00081172

 

Referencias

 
   
  1. Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Resolución 26/9, del 14 de julio de 2014, Elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante para sociedades transnacionales y otras empresas y derechos humanos, A/HRC/RES/26/9, https://documents-dds-ny.un.org/doc/ UNDOC/LTD/G14/062/41/PDF/G1406241.pdf
  2. Ver comunicado  de Attac Francia:  El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a favor  de acabar con la impunidad de las empresas transnacionales. Francia vota no, junio de https://france.attac.org/ actus-et-medias/salle-de-presse/article/le-conseil-des-droits-de-l-homme
  3. Adoptada por 20 votos a favor, 14 en contra y 13

Votaron a favor: Sudáfrica, Argelia, Benín, Burkina Faso, China, El Congo, Costa de Marfil, Cuba, Etiopía, Federación Rusa, India, Indonesia, Kazajstán, Kenia, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, Venezuela (República bolivariana de), Vietnam.

Votaron en contra: Alemania, Austria, Estonia, Estados Unidos, ex-República yugoslava de Macedonia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Montenegro, República de Corea, República Checa, Rumanía, Reino-Unido.

Se abstuvieron: Arabia Saudí, Argentina, Botsuana, Brasil, Chili, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Kuwait, Maldivas, Méjico, Perú, Sierra Leona.

  1. Elementos para el proyecto de instrumento jurídico vinculante sobre las sociedades transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos, Presidencia de l Grupo de Trabajo abierto Intergubernamental (OEIGWG) establecido por la A/HRC/RES/26/9 du CDH (29/09/2017), http://www.ohchr.org/ Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/ LegallyBindingInstrumentTNCs_OBEs_FR.pdf
  2. Este documento, en su quinta revisión (de marzo de 2017), está disponible aquí: http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf

 

  1. Este texto, en su versión revisada del 2011, está disponible aquí: http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
  2. Propuesta inicialmente por Chile durante el gobierno de Salvador Allende en 1972, esta comisión se puso en marcha en diciembre de 1974 mediante la resolución 1913 (LVII), que creó una Comisión intergubernamental sobre empresas transnacionales que debía funcionar como un órgano consultivo con el objetivo de establecer un código de conducta para las empresas transnacionales.
  3. Consejo económico y social, resolución 1994/1, 14 de julio de 1994.
  4. El Consejo empresarial Mundial para el desarrollo sostenible (WBCSD) nació en 1995  de  la  fusión del Consejo empresarial para el  desarrollo sostenible y del Consejo Industrial Mundial para el medioambiente, por iniciativa del industrial suizo Stephan Schmidheiny, antiguo director general de Swiss Eternit Group, y de Maurice Strong, que fue secretario general de la Conferencia de Río.
  5. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf

 

  1. Ver el informe de OCDE Watch, que hace balance de los 10 años de existencia de Puntos de contacto nacionales sobre las consultas de las ONG (que representan el 50% de las quejas): https:// oecdwatch.org/publications-en/Publication_4201
  2. Una «cadena de valor » es un conjunto articulado de actividades (concepción, producción, logística, marketing, venta…) que permiten a una empresa generar ventajas sobre sus competidores.

 

13.     Top 200: The Rise of Global Corporate Power (2000) – https://www.globalpolicy.org/component/ content/article/221-transnational-corporations/47211.html

  1. OMC, Informe sobre Comercio Mundial 2012
  2. Bastamag, 737 dueños del mundo controlan el 80 % del valor de las empresas mundiales, http:// bastamag.net/737-maitres-du-monde-controlent-80
  3. CNUCD, Tratados bilaterales de inversión de mediados de los 90, Publicaciones de Naciones Unidas, 1998, Hallward-Driemier, Mary, «Los tratados bilaterales de inversión atraen Inversión Extranjera Directa? Solo un poco… Y pueden morder», Banco Mundial, documento de trabajo n° 3121,
  4. Observatorio de las multinacionales, 2014, Un año después del Rana Plaza, Auchan y Carrefour se niegan a asumir sus responsabilidades http://multinationales.org/Un-an-apres-le-Rana-Plaza- Auchan
  5. Observatorio de las multinacionales, 2014, Brasil: las acusaciones de corrupción contra Alstom se multiplican http://multinationales.org/Bresil-les-accusations-deAm
  6. Observatorio de las multinacionales, 2013, Alstom et GDF Suez, en el corazón de Belo Monte y del desarrollo hidroeléctrico de la Amazonia, http://multinationales.org/Alstom-et-GDF-Suez- au-coeur-de
  7. Observatorio de las multinacionales, 2013, Veolia en La India, http://multinationales.org/Veolia-en- Inde-version-longue
  8. Observatorio de multinacionales, 2014, Los proyectos nucleares desde Areva a Jaitapur, en La India : Catástrofe en el horizonte? http://multinationales.org/Les-projets-nucleaires-d-Areva-a
  9. Bastamag, 2014, Comercio de gambas: subcontratistas de Carrefour acusados de utilizar trabajo esclavo http://www.bastamag.net/Des-sous-traitants-de-Carrefour
  10. Ver la página web http://www.stopcorporateimpunity.org y sus miembros aquí https://stopcorporateimpunity.org/list-of-signatories/
  11. Hacia un Tratado vinculante de las Naciones Unidas para las multinacionales. Un paso adelante para acabar con la impunidad, Octubre de 2016 http://www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/ uploads/2016/10/SIX-points_FR.pdf
  12. Propuesta de Tratado de los pueblos, en inglés, https://wwstopcorporateimpunity.org/wp- content/uploads/2017/10/Treaty_draft-EN.pdf

 

 

 

Traducción. Aitana Valverde, Mariano Nieto, David Palomera, Montserrat Beorlegui y Adelaida Urquizo