Campaña Ciudadana #10añosdeCrisisEstafa apoyada desde Attac Castilla y León.

Diez años después de la crisis financiera de 2008, nada se ha hecho para poner orden en el sistema financiero internacional y evitar así nuevas crisis bancarias. El sistema deuda se generalizó en Europa después que los Estados desembolsaron centenares de miles de millones de euros para los rescates bancarios.

 

La caída de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, se ha convertido en un símbolo del fracaso del sistema financiero liberalizado y desregulado. Su caída desencadenó una crisis económica y financiera de tal gravedad que millones de personas perdieron sus puestos de trabajo, su hogares, los derechos sociales y ambientales básicos…una situación que se ha cebado especialmente contra las mujeres.

 

Las deudas públicas han servido y sirven de pretexto para profundizar la aplicación del programa neoliberal imponiendo la privatización de los servicios públicos después de su desmantelamiento progresivo y sistemático. En todos los ámbitos de la vida cotidiana, las deudas privadas ahogan a la población: estafa del microcrédito, deudas hipotecarias abusivas, etc. Las desigualdades se acentúan en todo el mundo.

 

El caso del Estado español ha sido similar. En el año 2017, la deuda pública en España alcanzó récords históricos que no se producían desde 1909, deuda que ha alcanzado el 98,3% del PIB (es decir, el Estado debe aproximadamente lo que el país produce), situando la cifra de la deuda pública en 1.144.298 millones de euros y en 24.525 euros la deuda per cápita.

 

En la última década, la deuda pública se disparó en nuestro país, pasando desde el 35,5% del PIB que teníamos en 2007 a la actual.

 

Además, cabe volver a recordar que, el Gobierno de España destinó dinero público para salvar bancos, entregando a las entidades financieras, entre 2009 y 2012 la friolera de 107.913.445.000 de euros de los que 57.003.764.000 de euros fue destinado a capital, mientras veíamos como se recortaban nuestros servicios públicos y beneficios sociales, como la reducción del 15% en las prestaciones para los familiares que cuidan de dependientes, eliminación de la ayuda económica a los jóvenes en paro que vivan con sus padres, ayudas a mayores y personas con discapacidad, descenso de hasta un 70% en ayuda internacional y Fondo de acogida y atención a las personas inmigrantes, aumento del IVA, aumento de las ratios de alumnos por clase, cierre de bibliotecas, recortes en profesores, reducción de becas Erasmus, no cubrir bajas del personal docente que no superen los 15 días, reducción en energías renovables y en políticas de sostenibilidad para revertir el cambio climático y la contaminación del aire, cierre de centros de atención primaria, progresiva privatización y deterioro del sistema sanitario público, exclusión de personas del sistema sanitario público, implantación del “repago” farmacéutico, retirada de casi 500 medicamentos de la financiación pública, crecimiento en las listas de espera… y un largo etcétera que minó y acabó con el Estado de Bienestar. Y más de 17000 suicidios con problemas económicos en su entorno personal o familiar.

 

En paralelo, en el 2012, el Partido Popular aprueba, con el fin de recaudar 2.500 millones de euros de los que apenas ha recogido un 2% (52 millones) una amnistía fiscal de la que se benefició una clase elitista minoritaria por encima del bien común del resto de las personas.

 

Los recortes intentaron disfrazarse en leyes y modificaciones constitucionales, que se materializaron con:

 

  • La modificación del artículo 135 de la Constitución española en la que prima el pago de la deuda por encima de otros derechos fundamentales de las personas, como el derecho a una vida digna y que está en contraposición con los acuerdos de la Carta Social Europea, en la que se establece que nadie puede vivir por debajo del umbral de la pobreza.

 

  • La creación de leyes para las administraciones, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

 

Mientras a las grandes clases elitistas se les condonaba su deuda con hacienda a través de la amnistía fiscal del 2012, a la mayoría de la ciudadanía se nos asfixiaba con las políticas de austeridad y recortes en los derechos sociales y ambientales básicos (vivienda, salud y asistencia sanitaria, educación, dependencia, cuidados, vivir en un medio ambiente apropiado para su desarrollo físico y mental,derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendo el acceso a alimentación etc..).

 

Ante esta injusticia social que nos ha llevado a situaciones de emergencia social y financiera, los colectivos y movimientos sociales que figuran al pie de este escrito solicitamos:

 

Acuerdos:

 

PRIMERO: Instar al Congreso de los Diputados para que el Gobierno de la nación proceda a la derogación de la reforma del Artículo 135 de la Constitución Española efectuada el 23 de agosto de 2011.

 

SEGUNDO: Instar al Congreso de los Diputados para que el Gobierno de la nación proceda a la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

 

TERCERO: Instar al Congreso de los Diputados para que el Gobierno de la nación proceda al cese inmediato de los recortes y las políticas de austeridad.

 

CUARTO: Instar a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a que se posicionen en relación con la derogación del artículo 135 de la Constitución, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

 

En Madrid a 23 de agosto de 2018